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La legislación del juego en España

En España, todos los juegos de azar y las apuestas son legales. El mercado se rige por normas liberales, que, no obstante, se aplican de forma bastante estricta. Esto ha permitido al Gobierno español percibir importantes ingresos procedentes de los impuestos sobre el juego gracias a los numerosos casinos físicos y en línea que disponen de licencias españolas, ofreciendo al mismo tiempo a los jugadores todo lo que puedan desear o necesitar. Con un mercado y unos ingresos que superan incluso al Reino Unido, España se considera un ejemplo de lo provechosa que puede resultar una legislación conveniente y razonable para casinos online y tradicionales.

No siempre ha sido tan fácil apostar en España

Hasta hace relativamente poco, las autoridades españolas ejercían un control mucho mayor sobre cualquier tipo de juego. Los únicos permitidos por la ley hasta 1977 fueron las loterías sencillas, época en la que los juegos de destreza también eran lícitos. Los basados en el azar, como las máquinas tragaperras, se legalizaron en 1981.

A principios del siglo XIX, España empezó a darse cuenta de lo lucrativo que podría ser regular los casinos en línea. Por aquel entonces, muchos casinos y casas de apuestas deportivas online internacionales operaban con éxito en el país, pero todavía pasaría algún tiempo hasta que se elaboraran unas leyes adecuadas para aquellas empresas con sede en España.

En 2008, antes de que la legislación digital cambiara, se produjo un punto de inflexión: se trató de un proyecto de ley sobre el juego que autorizaba a todas las comunidades autónomas a conceder sus propias licencias, específicas para cada una de ellas, a casas de apuestas deportivas tradicionales. Ladbrokes, Bwin, William Hill y otras casas extranjeras se asociaron rápidamente con firmas nacionales y se abrieron los primeros establecimientos físicos legales del país.

La promulgación del proyecto de ley sobre el juego y la manera en que las empresas nacionales e internacionales colaboraron sentaron las bases de lo que ocurriría unos años más tarde. En la actualidad, los casinos se tratan casi de la misma manera; las autoridades de las distintas comunidades están autorizadas a regular cualquier actividad de juego dentro de sus fronteras. Por supuesto, lo mismo sucede con los juegos de los casinos en línea y las apuestas deportivas.

La legislación actual del juego en España

La Comisión Europea se ha pronunciado claramente respecto a establecer leyes en el ámbito del juego en conformidad con los principios del libre comercio de la Unión Europea en varios Estados miembros. En vista de la posición de la Comisión y el hecho de que el impuesto sobre el juego en línea resultó ser una fuente de ingresos tan evidente y prolífica, España empezó a elaborar leyes al respecto en 2009.

En 2011, se promulgó la Ley 13/2011, sobre la regulación del juego en España, y es hoy el marco jurídico de referencia para cualquier actividad de este tipo en el país. La autoridad regional se mantiene para actividades locales, pero la Ley establece las normas generales. Dispone que los operadores extranjeros disfruten de un número limitado de licencias y trabajen codo con codo con las marcas nacionales. Esto crea un ambiente sólido con una competencia sana entre los implicados, de modo que los jugadores españoles tengan acceso a muchos de los mejores casinos online del mundo. En este contexto, las apuestas clandestinas son un problema de poca importancia y, a pesar de que no se persiga a los jugadores que opten por apostar en sitios web extranjeros sin licencias emitidas por el Gobierno español, pocos sienten la necesidad de hacerlo.

Para operar de forma legal, un casino o un corredor de apuestas español que opere por Internet debe conseguir una licencia general de las autoridades del país para luego solicitar una específica. Esta última es para servicios concretos que desee ofrecer y obligatoria para apuestas deportivas y carreras de caballos tanto mutuas como de probabilidades fijas, apuestas cruzadas, la ruleta, el blackjack, el bacará, las máquinas tragaperras, el póquer, el bingo y los juegos complementarios. Las licencias específicas se emiten con una vigencia de cinco años, excepto para las apuestas en carreras de caballos de probabilidades fijas, la ruleta, el blackjack y el bacará, que solo tendrán una validez de tres años.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) es la responsable de conceder todas las licencias de operadores de juegos de azar en España. La DGOJ es un órgano del Ministerio de Hacienda y Función Pública y recibe el 25 % de los ingresos brutos de todos los agentes. Unos impuestos considerables para el Gobierno, grandes ganancias para los operadores y un ambiente seguro y variado para los apostadores demuestran que todos salen ganando con la legislación del juego de España.